Un fiscal de la Seccional Risaralda judicializó a cinco presuntos integrantes de la organización Orange, señalados de comercializar estupefacientes en Dosquebradas (Risaralda).

La investigación, adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), evidenció que los procesados vendrían delinquiendo desde noviembre de 2023. Al parecer, el comercio ilícito se adelantaba en el parque Los Naranjos; en entornos educativos y zonas deportivas destinadas para la diversión de menores de edad.

Se trata de Juan José Castro Giraldo, Juan Camilo Montoya Castro, Jimmy Anderson Betancur Villada, Juan Sebastián Muñoz Bustamante y Miguel Ángel Montoya Castro quienes fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, con delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

 Se observan cinco hombres capturados, en fila, todos de espaldas.  A cada costado un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y otro de Policía Nacional.  Atrás un pendón de la Fiscalía General de la Nación y uno de la Policía Nacional.
Cuatro de los procesados fueron privados de la libertad en centro carcelario y uno en su domicilio

Durante las operaciones contra esta red fue aprehendida una menor de 17 años, quien sería integrante de la red ilegal.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías privó de la libertad en centro carcelario a cuatro de los imputados. Montoya Castro fue asegurado en su lugar de residencia. La adolescente deberá cumplir internamiento preventivo en un centro especializado.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

CLCG/MAGA/CABS/DSR

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.