La víctima fue seguida hasta su lugar de residencia, donde los hoy procesados le habrían disparado para arrebatarle una cadena de oro.
En desarrollo de las investigaciones por el crimen del patrullero de la Policía Nacional Hanner Guiseppe Martínez Sarmiento, ocurrido en Barrancabermeja (Santander) el pasado 10 de enero, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Santiago Alberto Flórez Joya y Jesús David Tovar Torres.
Estos dos hombres son señalados de seguir al uniformado desde un establecimiento comercial, donde realizaba compras, hasta su lugar de residencia. Las evidencias indican que lo interceptaron en el momento en el que pretendía ingresar al inmueble e intimidaron para que entregara una cadena de oro y otras pertenencias.
En medio de un forcejeo que se generó para evitar el asalto, la víctima cayó al suelo y fue atacada con arma de fuego. En grave estado de salud fue trasladada a un centro asistencial y allí murió.
Los presuntos agresores fueron capturados en una acción conjunta con la Policía Nacional en Bucaramanga (Santander) y Ocaña (Norte de Santander).
Un fiscal de la Seccional Santander los imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; hurto calificado y receptación. Tovar Torres aceptó los cargos.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
DRA/AMCJ/LCHG/JALC/DSS/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
