La Fiscalía General de la Nación judicializó a los ciudadanos extranjeros Winder Alejandro Loor Hernández y Jhuander Gabriel Zumosa Torres, como presuntos responsable de participar en el hurto de 30 millones de pesos a una persona, en hechos ocurridos el pasado 11 de febrero en zona céntrica de Medellín (Antioquia).
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), los procesados, al parecer, intimidaron con un arma traumática a un hombre que salía de una entidad crediticia y lo despojaron de un maletín en el que llevaba el dinero y un computador portátil. Cuando huían del lugar y para tratar de evitar su captura, habrían disparado y lesionado de gravedad a un adulto mayor de 68 años que pasaba por el sector.
La rápida acción policial y el apoyo de la ciudadanía permitieron la captura de los investigados y la incautación de una motocicleta y del arma utilizada para el hurto.
Durante las audiencias concentradas los procesados no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio en grado de tentativa y hurto calificado y agravado. Ambos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario por un juez de control de garantías.
Las labores investigativas evidenciaron que Zumosa Torres tiene notificación roja de Interpol por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir agravada y financiación al terrorismo; conductas que habrían sido cometidas en Venezuela. La Fiscalía notificó al país solicitante la medida de aseguramiento proferida contra el extranjero.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
