Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario ocho personas que estarían involucradas en tráfico local de estupefacientes y porte ilegal de armas en diferentes sectores de Cúcuta (Norte de Santander).
En ese sentido, fiscales seccionales los imputaron, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.
Inicialmente, en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro realizada en el barrio La Ínsula, fueron capturados en flagrancia Juan Daniel Becerra Monzón, Douglas Fernando Pérez Díaz, Omar Geanphier Fernández Aular y Daryl Alexandra Parra Poveda.
Según la investigación, estas personas estarían involucradas en la distribución de sustancias estupefacientes en ese sector de la ciudad. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 431 gramos de marihuana, 99 gramos de clorhidrato de cocaína, 10 celulares y dos grameras digitales.
De otra parte, en una diligencia adelantada en el barrio Prados del Este, fueron capturados Jorge David Roa Gómez, alias Dominio; Iván Virgilio Serrano Torres, Jhorman Alexis Serrano Olivares y John Stiven Botello Botello.
Estas personas, presuntamente, utilizaban un inmueble para la comercialización de estupefacientes y el almacenamiento de armas de fuego.
En el lugar fueron incautadas sustancias ilícitas dosificadas, dinero en efectivo y varias armas de fuego con munición.
MAP/DSNS/JWC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
