Elementos materiales probatorios aportados por un fiscal especializado de Cartagena permitieron que un juez de control de garantías judicializara a dos presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, del Clan del Golfo. 

Se trata de Edwin Arrieta Hincapié, alias Jeison, de 34 años; y Jorge David Pérez Villarreal, alias Negrito, de 39; quienes fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, con delitos de homicidio y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas.

Los procesados serían los responsables de incurrir en conductas ilícitas ocurridas en los municipios de San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, San Estanislao de Kostka, Villanueva, Santa Rosa de Lima, El Carmen, Turbaco y Clemencia (Bolívar).

Alias Negrito, al parecer, integraba el ala sicarial de la organización criminal, y en ese rol habría asesinado a un hombre, el 13 de junio de 2024, en el barrio Pozo Hondo de Villanueva. La víctima fue impactada en tres oportunidades por disparos que habrían sido realizados por el procesado.

Entretanto, alias Jeison, sería el encargado de prestarle seguridad al grupo ilegal. En tal condición, se cree, realizaba recorridos en la zona y alertaba sobre movimientos de la Fuerza Pública o de personas y vehículos extraños.

Arrieta Hincapié fue capturado por la Policía Nacional en El Carmen de Bolívar, mientras Pérez Villarreal, lo fue en Bogotá. El primero deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, el segundo lo hará en su domicilio. Esta última decisión fue apelada por la Fiscalía.

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.