Estas personas harían parte de una estructura señalada de ejecutar crímenes y coordinar actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

 

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres presuntos integrantes de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego del ‘Clan del Golfo’, que estarían involucrados en un triple homicidio ocurrido el 20 de noviembre de 2023, en la vereda La Colmena, en Villanueva (Casanare).

Se trata de Ligia Ospina Rodríguez, alias Libis, quien sería la encargada de ordenar la ejecución de homicidios y articular asuntos asociados con la venta de estupefacientes al menudeo; Gilberto Echeverry Arenas, alias Pueblo; y José David Trillos Ortiz, alias Costeño, presuntos sicarios del grupo ilegal.

De acuerdo con los elementos de prueba, ‘Pueblo’ y ‘Costeño’, en compañía de otras personas armadas, interceptaron a dos hombres y a una mujer, y les dispararon en repetidas ocasiones causándoles la muerte. Posteriormente, huyeron del lugar. Al parecer, las víctimas fueron asesinadas porque habrían incumplido las directrices y restricciones impuestas por el ‘Clan del Golfo’ en la región.

Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Dirección de Apoyo territorial les imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado; y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados.

Ante la contundencia de los argumentos expuestos por la Fiscalía, un juez de control de garantías les impuso a los procesados una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, en el entendido de que actualmente permanecen privados de la libertad por otros hechos delictivos.

Esta información se publica por razones de interés general.

AMCJ/JARG/MOM/JAG/DST/

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.