La Fiscalía General de la Nación judicializó, ante un juez con función de control de garantías de Florencia (Caquetá), a 16 personas quienes harían parte de la red narcotraficante El Parche. Los procesados serían responsables de comercializar estupefacientes en el barrio Andes Bajo del referido municipio.
Según la investigación, los procesados habrían participado en, al menos, 45 hechos delictivos cometidos entre el 24 de enero y el 31 de julio del presente año, tiempo durante el cual se dedicarían a comercializar sustancias ilícitas como marihuana y cocaína. En muchos casos, se cree, instrumentalizaban menores de edad para la entrega de los estupefacientes.
Una fiscal de la Seccional Caquetá imputó a los investigados, según sus eventuales responsabilidades individuales, cargos como: concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Ninguno aceptó su responsabilidad en los cuestionamientos en su contra.
Las capturas se concretaron el pasado 7 de octubre en una acción conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Estas acciones se cumplieron en los barrios Andes, Altos de Capri, Florencia Nueva, Nueva Colombia y la Amazonía de Florencia.
Entre los investigados están Yesika Katherine Gasca Carvajal, alias Chiguira; y Juan Carlos Cuellar Molina, alias Yiyo, quienes coordinarían la venta de alcaloides y de definir los roles que debía cumplir cada uno de los señalados integrantes de la red criminal. Las rentas ilícitas para ‘El Parche’ superarían los 100 millones de pesos mensuales.
Por decisión judicial, 15 de los procesados deberán cumplir medidas de aseguramiento en centros carcelarios y 1 lo hará en su residencia.
EDH/MAGA/LABB/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
