La Fiscalía General de la Nación imputó a Javier Andrés Tapiero Dagua e Ingris Johana Zuñiga Tascón, por los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de muebles e inmuebles.
De acuerdo con la investigación, Tapiero Dagua, sería uno de los cabecillas del grupo delincuencial Los del Sur, y se encargaría de adquirir cocaína y de cultivar marihuana, para enviarla desde Toribío (Cauca) hasta el corregimiento de Gaitania, en Planadas (Tolima). Allí era almacenada en una vivienda, de otro de los presuntos integrantes de la organización, para su posterior comercialización.
Por su parte, Zuñiga Tascón, presuntamente, cumplía el rol de expendedora del estupefaciente en dicho municipio. Esta pareja estaría al servicio del grupo delincuencial, que delinquió en la zona entre 2022 y 2023.
Los alucinógenos eran enviados en arrobas a lomo de mula, por trochas y caminos de difícil acceso hacía el sector mencionado, donde, además, se comercializaban en Ataco, Chaparral y sus corregimientos; Ibagué, Venadillo (Tolima), Girardot y Bogotá (Cundinamarca).
Se evidenció que este grupo tendría rentas ilícitas semanales de cerca de 36 millones de pesos.
Fueron judicializados después de que un juez de control de garantías los declarara como personas ausentes. El juzgado emitió orden de captura inmediata, además solicitó su inclusión en una notificación azul de la Interpol.
Un fiscal del grupo de Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima, había impactado previamente a ‘Los del Sur’ con la judicialización de cinco señalados integrantes en agosto de 2023.
PAAM/LMFO/AMCJ/MCAA/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
