El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, permitió judicializar a once presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado Los Salineros, que estarían involucrados en narcomenudeo en lugares públicos y sectores residenciales de Zipaquirá (Cundinamarca).
La investigación adelantada de manera coordinada con la Policía Nacional, evidenció que las actividades ilícitas las estarían ejecutando en los barrios Bolívar 83, Terraplén, San Carlos, Prado, Samaria, San Juanito, Rodeo, Liberia y en el centro del municipio.
Al parecer ´Los Salineros´, se dedicaban a la distribución y comercialización de marihuana y bazuco en la modalidad de sitios de venta concertados con los compradores, punto fijo y domicilios.
Se trata de Claudia Patricia Aguilar Bobadilla, Jhon Alexander Fajardo Aguilar, Jesús Alejandro Díaz Aldana, Iván Mauricio Algarra Pachón, Diego Andrés Rojas Suarez, Alexander Santiago Páez Camacho, Néstor Eduardo Garzón Castiblanco, Luigi Alfredo Zerpa Núñez, Cristian Antonio Joya Vela, Jhonnatan Estiven Jiménez Fernández y John Alexander Gómez Angarita.
Un fiscal especializado de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de concierto para delinquir; y fabricación tráfico y porte de estupefacientes, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.
Los procesados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento donde les encontraron dosis de cocaína y marihuana listas para ser distribuidas. También se incautaron cinco celulares, dinero en efectivo y un vehículo.
Un juez de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
ALGO/AMCJ/FHVA/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
