Entre las víctimas que se les atribuyen están un exintegrante de la Policía Nacional y el familiar de un reincorporado.
Ante la contundencia del material probatorio presentado por fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI), jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario a dos señalados cabecillas del ‘Clan del Golfo’ que habrían participado en varios homicidios ocurridos en Antioquia.
Judicialización de ‘Monón’
Janier David Montiel Peña, alias Monón, presunto jefe de una estructura del ‘Clan del Golfo’ en el Urabá antioqueño, fue judicializado como posible responsable del crimen de un exintegrante de la Policía Nacional, ocurrido el 3 de octubre de 2021, en Chigorodó (Antioquia).
La víctima murió de varios disparos que le propinaron hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a alias Monón los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, agravada. El procesado permanece privado de la libertad en centro carcelario por otro proceso que se le sigue por homicidio y concierto para delinquir.
Cárcel a alias Samir
La Fiscalía imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a Nelson Pérez, alias Samir, autodenominado cabecilla político del ‘Clan del Golfo’.
‘Samir’ estaría implicado en el asesinato de Alexander Quejada, familiar de un reincorporado, perpetrado el 6 de diciembre de 2019, en Betulia (Antioquia).
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/AAB/UEI/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
