Entre los procesados están los exjefes del Gaula de la Policía Nacional en Sucre.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de nueve integrantes de la Policía Nacional señalados de presuntamente participar en la retención ilegal, tortura y asesinato de dos hombres en hechos ocurridos el 30 de junio de 2022, en una vía que conduce de Lorica a San Bernardo del Viento (Córdoba).
En el curso de la investigación se estableció que las víctimas descendieron de un bus de transporte público que cubría la ruta Sincelejo – San Onofre (Sucre) y en la estación de servicio del último municipio habrían sido subidas a la fuerza a vehículos oficiales, asignados a los policías para el cumplimiento de sus funciones, donde fueron torturadas y asesinadas.
Los cuerpos de las dos personas fueron hallados en un basurero ubicado en San Nicolás de Bari, zona rural de Lorica (Córdoba).
Investigación por doble homicidio
La evidencia técnica recolectada por la Fiscalía da cuenta de que los uniformados adscritos al Gaula Sucre, al parecer, desplegaron varias actuaciones irregulares previas al crimen.
Inicialmente, el 29 de junio de 2022, luego de reportarse un atentado contra un policía en Betulia (Sucre), cuatro de los hoy procesados habrían realizado vigilancias en los lugares de residencia de uno de los hombres, sin ninguna orden judicial. De manera simultánea fue interceptado de manera ilícita el teléfono de una las víctimas, para conocer todos sus movimientos.
El 30 de junio, ocho de los entonces integrantes del Gaula, presuntamente, se trasladaron a la terminal de transportes de Sincelejo, y se comunicaron con unidades de tránsito para que pararan el bus en el que se trasladaban los dos hombres que eran vigilados y una de sus parejas. En el peaje La Esperanza, entre Sincelejo y San Onofre, el vehículo fue detenido y la mujer obligada a bajar con el supuesto de que presentaba inconsistencias en sus documentos.
El automotor siguió la marcha, y kilómetros más adelante en la estación de servicio de San Onofre descienden las víctimas. En ese punto, al parecer fueron retenidas de forma violenta y llevadas en carros oficiales vía a Lorica, a uno de los vehículos les habrían sido cambiadas las placas por unas falsas. En el camino, se presume que fueron amarradas, golpeadas y atacadas con armas de fuego, hasta causarles la muerte.
Los análisis de las señales de los celulares de los nueve uniformados y los registros de las cámaras de seguridad los ubican en varios de los lugares recorridos por los dos hombres hasta el sitio exacto en el que fueron abandonados sus cuerpos, que fueron encontrados el 1 de julio de 2022. Por todo lo anterior, un fiscal de Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a los procesados de la siguiente manera:
- Capitán Luis Alberto Regino Garnautt, exjefe del Gaula Sucre, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, violación ilícita de comunicaciones, peculado por uso; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
- Capitán Rafael Reinaldo Peña Carranza, ex subjefe del Gaula de Sucre, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, peculado por uso; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
- Intendente Alexander Manuel Díaz Nader y patrullero William Enrique Rodríguez Socarrás, por los delitos de homicidio agravado y secuestro.
- Patrulleros Tomás Castro Vital y José Alejandro Gómez Coronado, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada y; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
- Patrullero Luis Min Benítez González, por el delito de homicidio agravado.
- Patrullero Guillermo Javier Muñoz Amaya, por los delitos de homicidio agravado, secuestro; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios; violación ilícita de comunicaciones y fraude procesal.
- Patrullero Yimer Andrés Cruz Zúñiga, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, peculado por uso; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Por petición de la Fiscalía, los nueve integrantes de la Policía Nacional recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/CAM/DST/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
