Como presuntos integrantes de la banda delictiva Los Costeros, dedicada al tráfico de estupefacientes en el municipio de Baranoa (Atlántico), ocho personas fueron judicializadas ante un juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía Seccional Atlántico.
Banda delictiva Los Costeros, dedicada al tráfico de estupefacientes en el municipio de Baranoa (Atlántico)

Se trata de José Gregorio Algarín Ávila, alias El Negro Algarín; Wilmer Enrique Zuleta López, alias La Mika; Jorge Andrés Palma Peralta, Ronald Martes Arcón, Daniel de Jesús Cantillo Henrique, Juan Camilo Palacio Sánchez, José de Jesús Zarate Algarín y Alex Ney Ruz Ortega.

Estas personas responderían por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y con concierto para delinquir; cargo que no fueron aceptados.

De acuerdo con las indagaciones de un fiscal de la Unidad de Microtráfico y la Sijín de la Policía Nacional, el grupo delictivo vendía las sustancias alucinógenas a domicilio y en lugares públicos de los sectores La Virgencita y El Diomedazo de esa localidad.

Asimismo, se evidenció que alias El Negro Algarín, al parecer era el cabecilla de ‘Los Costeros’ y, que alias Mika supuestamente sería quien comercializaba los narcóticos.

Los procesados fueron capturados por uniformados de Policía Nacional en diligencias de allanamientos a varias viviendas, ubicadas en el municipio de Baranoa.

Al término de las audiencias concentradas, el juez privó de la libertad en centro carcelario a 7 de los procesados.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

 

SKCR/MG/MIJR

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.