Los procesados también serían responsables de falsificar permisos para comercializar la madera procesada. Todos recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional de Boyacá y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con el Ejército Nacional, evidenció las actividades ilícitas en las que habrían incurrido Javier Orlando Pineda Cortés y Pedro Javier Pineda Lesmes; padre e hijo, respectivamente, quienes junto a siete personas más vendrían deforestando una zona de reserva forestal en Boyacá.
De acuerdo con la evidencia obtenida, Pineda Cortés y Pineda Lesmes serían los principales articuladores de una red ilícita conocida como ‘El Cartel de la Madera’, responsable de la tala indiscriminada de especies protegidas en el parque natural regional Serranía de las Quinchas, ubicado Otanche (Boyacá).
Asimismo, se logró establecer que la red, al parecer, plagiaba páginas web de entidades ambientales, para simular que contaban con los permisos para el transporte y la venta de los productos maderables.
En ocho diligencias de registro y allanamiento realizadas en Chiquinquirá (Boyacá) y Bogotá fueron capturadas las nueve personas; entre quienes están Pineda Cortés y Pineda Lesmes.
En estos procedimientos fue incautado dinero en efectivo, celulares, elementos tecnológicos, y dos camiones y un automóvil avaluados en aproximadamente 200 millones de pesos. Además se encontró documentación falsa.
Los procesados fueron imputados, según su grado de participación, por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, concierto para delinquir, uso de documento público falso, y suplantación de sitios web para capturar datos personales.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MAGA/JHTG/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
