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Judicializados Los Calvos por presuntamente comercializar estupefacientes en Magdalena

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Calvos’, por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y tráfico fabricación o porte de estupefacientes, los cuales no aceptaron durante las audiencias realizadas.

En diligencias de allanamiento y registro, los hoy procesados fueron capturados por uniformados de la Sijín de la Policía Nacional, en cuatro viviendas, ubicadas en los barrios Paraíso, Oasis, Los Fundadores y María Cecilia de Santa Marta (Magdalena).

En medio del operativo, las autoridades les incautaron celulares, marihuana, base de coca y dos celulares. Los elementos están avaluados en $2’000.000 millones.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, ‘Los Calvos’ se dedicaban a la venta de alucinógenos bajo la modalidad de venta al menudeo en una zona cercana a un colegio.

Se trata de Nilson Antonio González Castro, Ángel Ricardo Centeno Benjumea, Luis Enrique Parody Campo, alias Gordo; Luis Javier Lechuga Gómez, alias Lechuga, Alfonso Herrera Méndez, alias Bigote, quienes por determinación del juez fueron privados de la libertad en establecimiento carcelario.

Por su parte, Juan Camilo Rodriguez España, sobre quien pesaba una orden de captura para cumplir una sentencia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, fue puesto a disposición de un juzgado de ejecución de penas.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

 

 

SKCR/VHGB/MRV/JFEL/DSM

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

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