La Fiscalía General de la Nación judicializó a los investigadores de la Sijín de la Policía Nacional Diego Alejandro Correa Morales, Ramiro Cabeza Peñaranda, Andrés Mauricio Agudelo Giraldo y Erika Julieth Villa Farfán, como presuntos responsables de exigir y recibir dinero de un transportador a cambio de no capturarlo y devolverle un vehículo de carga, supuestamente hurtado.
Los hechos investigados ocurrieron el 4 de noviembre de 2025, cuando los servidores citaron al propietario de una volqueta a un parqueadero en Girardota (Antioquia) donde le leyeron los derechos del capturado, porque, supuestamente, el automotor que estaba en el lugar había sido hurtado y tenía el motor regrabado.
Ese mismo día los uniformados recibieron la suma de 5 millones de pesos a cambio no hacer efectiva la supuesta captura en flagrancia del propietario, pero sí la del conductor del vehículo quien fue dejado a disposición de la Fiscalía.
Un día después, tres de los procesados citaron de nuevo a la víctima en un centro comercial del oriente de Medellín y le presentaron al propietario legítimo del vehículo de carga, al tiempo que le exigieron la suma de 350 millones de pesos. En la misma fecha, los uniformados retiraron la volqueta del parqueadero con una grúa sin informar a dónde iba a ser trasladado.
Los cuatro investigados fueron capturados el pasado 18 de marzo por servidores de la Dijín de la Policía Nacional y durante las audiencias concentradas no se allanaron a los cargos que les imputó un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Publica de la Seccional Medellín, por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
A todos los investigados un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La decisión fue apelada por la defensa.
LFML/AMCJ/JS/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
