Los procesados habrían cumplido diferentes roles en la actividad delincuencial como coordinadores, forzadores y conductores.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de hurtar elementos de las estaciones base de antenas de comunicaciones en los municipios del Valle de Aburrá.
La investigación estableció que estas personas mediante el uso de herramientas como pulidoras, cizallas, mazos, almádanas, barras, entre otros elementos, al parecer, ingresaban de manera irregular a los lugares para hurtar baterías de litio y plomo, cables de cobre y plantas eléctricas.
De acuerdo con la investigación, presuntamente movilizaban los elementos hurtados en vehículos y posteriormente vendías las baterías y plantas a bajo costo.
Los procesados que habrían cumplido diferentes roles en la actividad delincuencial como coordinadores, forzadores y conductores, estarían vinculados en, al menos, 22 eventos delictivos.
Se trata de Duban Estiben Saldarriaga Caro, Medardo de Jesús Jaramillo Álvarez, Juan David Echeverri Giraldo, Luis Alberto David Uribe, Sebastián Giraldo Atehortua, Guillermo José García Zabaleta, Hernan Dario Zapata López, Yeferson Hincapié Henao, Juan Calos Londoño González, Adrián Antonio Guisao Serna y Juan Diego Uribe Zapata.
Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín les imputó los delitos concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron cargos.
Por disposición de un juez de control de garantías seis de los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y cuatro en lugar de domicilio.
AMCJ/LAMR/DSM/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
