En otro hecho, en Risaralda, un hombre fue imputado por presuntamente agredir a un animal.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) judicializaron a tres hombres que estarían involucrados en agresiones contra caninos. Los hechos ocurrieron en Paya (Boyacá) y Dosquebradas (Risaralda).
Agresión y castración violenta a dos animales en Boyacá
Por el delito de maltrato animal agravado fueron imputados Luis Alfredo Maldonado Camacho y Silverio Bautista Yunado, presuntos implicados en una agresión a dos perros llamados Kayser y Toby.
En el municipio de Paya (Boyacá) la madrugada del pasado 10 de marzo los hombres, al parecer, golpearon con un elemento contundente a Kayser en vía pública donde lo ataron para castrarlo con un cuchillo. Producto de la acción violenta el animal sufrió una grave lesión.
Momentos después se llevaron a otro canino de nombre Toby al cual también habrían castrado violentamente causándole una hemorragia que puso en peligro su vida.
Los procesados aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía y un juez de control de garantías les impuso medida no privativa de la libertad consistente en la prohibición de salir de su lugar de residencia entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.
Agresión a ‘Zeus’
El pasado 24 de enero en Dosquebradas (Risaralda), Mauricio Fabián Romero, al parecer, atacó a golpes a un canino llamado Zeus. El ataque le causó graves lesiones y traumatismos al animal. Por estos hechos, el hombre fue imputado por el delito de maltrato animal, cargo que no fue aceptado.
AMCJ/MAGA/JMT/GELMA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.