Son señalados de utilizar información personal de los clientes para sacar créditos a su nombre y sin autorización, y direccionar los dineros a cuentas de terceros. Se les atribuyen 38 eventos delictivos en Santa Marta y Barranquilla.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación en contra de una red de ciberdelincuentes permitieron identificar a dos extrabajadores de un banco, que habrían suplantado personas y permitido múltiples hurtos por medios informáticos entre 2021 y 2022.
Se trata de Lizeth Paola Marenco Posada e Iván Crespo Arias, quienes como asesores y fuerza de venta en una sucursal de la entidad bancaria en Santa Marta (Magdalena) presuntamente tramitaron 38 créditos por algo más de 280 millones de pesos, sin que los titulares dieran su consentimiento.
Los exempleados son señalados de recibir placas de látex con copias de las huellas decadactilares de diferentes ciudadanos, así como información reservada que otros posibles integrantes de la organización delictiva extraían de las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estados Civil. De esta manera, superaban los filtros de verificación y de seguridad implementados por el banco, gestionaban fraudulentamente la apertura de cuentas de nómina y solicitudes crediticias a nombre de las víctimas, y lograban su aprobación y el desembolso de los dineros en cuentas de terceros.
Por todo lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y acceso abusivo a un sistema informático.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad.
LKSC/JARG/GHE/DDI
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
