El exfuncionario habría recibido una coima de 3.000 millones de pesos por determinar la adjudicación de un contrato para el suministro de 40 carrotanques.
La Fiscalía General de la Nación imputó ante una juez de garantías de Bogotá al exdirector
del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha; por su
presunta participación en el direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Asimismo, fueron imputadas siete personas más que habrían participado en los ilícitos. Se trata del abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratista de la UNGRD; el representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo; el asesor de la dirección del DAFP Jorge Aristizábal Rodríguez y el contratista de la UNGRD, Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia los imputó de acuerdo con su rol y grado de participación individual por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
La investigación estableció que, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha, facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7%.
Los contratos direccionados están relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de los mismos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional.
Para consolidar el actuar criminal, el entonces subdirector de riesgo de la UNGRD Luis Carlos Barreto Gantiva, quien ya fue judicializado, acudió al abogado Riveros Rey para que seleccionara empresas y particulares que participarían en las invitaciones a contratar y definiera la asignación a cada contrato.
A su vez, Romero Hernández y Cárdenas Angulo, habrían estructurado los procesos contractuales, ajustaron las condiciones jurídicas, técnicas y financieras para favorecer a los contratistas, entregaron información reservada y aprobaron la selección de los adjudicatarios definidos con antelación.
En octubre de 2023, fue suscrito el contrato para la adquisición de 40 carrotanques pequeños para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira por valor de 29.000 millones de pesos. Orden de proveeduría ilícitamente adjudicada a la Corporación Mixta Yapurutú.
Se constató que Echeverri Toro y Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas de dicha corporación, realizaron actos ilegales como la presentación de una propuesta comercial con sobrecostos, la falsificación de documentos privados, la solicitud del desembolso del contrato sin haber entregado los vehículos y el pago de coimas.
El suministro de los carrotanques presentó un sobrecosto de 13.164 millones de pesos. De este dinero, se entregó una coima de 3.000 millones a Manrique Soacha, al tiempo que se consolidó un peculado en favor de Riveros Rey por 2.060 millones y de 6.380 millones para los directivos de Yapurutú.
Una parte del dinero apropiado ilegalmente fue consignado en una cuenta bancaria de Riveros Barbosa, quien en nueve ocasiones hizo retiros por 3.000 millones de pesos en efectivo, recursos que entregó a Luis Carlos Barreto, para que fueran entregados a Manrique Soacha a través de su asesor, Aristizábal Rodríguez.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/AMCJ/MCP/UFDCSJ.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
