Ganaderos, ingenieros, comerciantes y empresarios serían algunas de las víctimas de los indiciados, quienes tenían injerencia en municipios como Chalán, Ovejas y Colosó, entre otros.  

Luego de la petición de un fiscal especializado, dos personas fueron judicializadas por el delito de concierto para delinquir agravado por darse para extorsión.

Se trata de Fredy Eduardo Cortina Fernández, alias Coyote, y Luis Guillermo Barrios Carrascal, quienes son señalados de, presuntamente, ser integrantes del Clan del Golfo y los cuales vendrían cometiendo hechos ilícitos con otros miembros del grupo criminal desde septiembre del año anterior y hasta el 13 de septiembre del año en curso.

Labores investigativas permiten inferir que los imputados habrían exigido sumas de dineros que oscilan entre los 600 mil y hasta 1’500.000 de pesos, bajo amenaza de atentar contra los bienes o la integridad y vida de las personas que se rehusaban a pagar, entre ellos a los ganaderos e ingenieros de obra en los municipios de Chalán, Ovejas y Coloso (Sucre).

Aunque no aceptaron los cargos endilgados un juez penal municipal con funciones de control de garantías ambulante de Sincelejo dictó medida de detención preventiva en centro de reclusión para Cortina Fernández. Por su parte, a Barrios Carrascal se le cobijó con medida domiciliaria.

Alias Coyote y Barrios Carrascal capturados el 28 y 29 de noviembre en curso en Corozal y Colosó (Sucre), respectivamente, por funcionarios de la Policía Nacional.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

 

VHGB/FAGH/AR/FSJ/DSS

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.