Inicio Noticias Judicializados dos hombres quienes estarían cobrando una extorsión con una motocicleta

Judicializados dos hombres quienes estarían cobrando una extorsión con una motocicleta

Los imputados, quienes aseguraron pertenecer al Clan del Golfo, exigieron el automotor a cambio de no atentar contra la integridad de la víctima ni contra su negocio.  

El contundente material probatorio presentado por una fiscal especializada de Sincelejo fue suficiente para judicializar a Miguel Elías Baldovino Vergara y Jader Rafael Teherán Santos por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

De acuerdo con el ente investigador los imputados fueron capturados en flagrancia en momentos en los que, al parecer, realizaban el cobro de una extorsión, consistente en la entrega de una motocicleta de alto cilindraje.

Los indiciados se identificaron como integrantes del Clan del Golfo y habrían intimidado a la víctima con la condición de no atentar contra su vida, la de sus trabajadores o contra su establecimiento, si entregaba el automotor.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación del (CTI), en articulación con el Gaula de la Infantería de Marina, realizaron la captura de los dos sujetos el 21 de septiembre del año en curso, en el área urbana de Sincelejo, en el barrio Vallejo, sector El Pescador.

Durante el procedimiento de captura se incautó una motocicleta marca AKT y dos teléfonos celulares.

Aunque no aceptaron los cargos imputados, un juez de control de garantías les dictó medida intramural y domiciliaria respectivamente.

La Fiscalía habla con resultados 

 

 

 

 

 

VHGB/FAGH/SD/FSJ/DSS

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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