Por petición de un fiscal en Arjona (Bolívar), jueces de control de garantías judicializaron, en distintos procesos, a dos hombres que estarían implicados en el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

En la fotografía aparece el capturado con una camisa blanca y el rostro agachado acompañado de dos uniformados de la Policía Nacional delante de un pendón de esa institución. También se observa una mesa con mantel blanco y el estupefaciente que se incautó. 
John Jairo Solera Durango cuando fue capturado por la Policía Nacional.

El primer proceso está relacionado con hechos ocurridos el pasado 14 de septiembre en la vía que de San Onofre conduce a Cartagena. Durante una requisa a un bus de servicio intermunicipal la Policía Nacional encontró 3.029 gramos de marihuana en una maleta, aparentemente de propiedad de John Jairo Solera Durango. Al parecer, el estupefaciente era comercializado en Arjona.

El procesado, de 49 años, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y por disposición del juez su medida se llevará a cabo en centro carcelario.

En otra investigación por hechos sucedidos el 15 de septiembre cerca de la Estación de Policía de Arjona, fue capturado Eduardo Enrique Madero Padilla cuando, al parecer, lanzaba bolsas con marihuana a personas privadas de le libertad en la instalación policial.

Al momento de su detención, al procesado le fueron incautados 20 empaques con marihuana. Ante la contundencia del material probatorio Madero Padilla decidió realizar un preacuerdo con la Fiscalía.

La medida de aseguramiento deberá cumplirla en su lugar de domicilio.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

MEVA/MAGA/LEO/DSB

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.