La Fiscalía General de la Nación judicializó a Javier Andrés Ulcue Yonda, Yeison Stiven Giraldo Sinsajoa y a una adolescente de 16 años, presuntamente vinculados a actividades de porte de armas sin los permisos de ley.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 7 de septiembre. La actitud sospechosa de estas personas, al salir de una vivienda ubicada en el barrio Las Palmitas, en zona rural de Guacarí, llamó la atención de uniformados de la Policía Nacional, quienes de inmediato las requirieron para un registro personal.
En poder de los adultos se encontraron dos pistolas con munición. La menor, al parecer, llevaba un contenedor con cinco detonadores no eléctricos, un radio de comunicaciones, tres celulares, cargadores y baterías. Asimismo, les habrían hallado 600 cartuchos calibre 5,56; 9 proveedores para fusil y subametralladora, elementos aptos para ser usados.
Por estos hechos, y según su posible responsabilidad, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó a los dos adultos capturados y al menor aprehendido cargos como: fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, ambos agravados, y uso de menores de edad la comisión de delitos.
Por disposición judicial los dos adultos deben cumplir la medida de aseguramiento carcelaria. La adolescente deberá hacerlo en internamiento preventivo en centro especializado para menores.
Ninguno aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
MAP/DSVC/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
