Habrían dado apariencia de legalidad a algo más de 153.785 millones de pesos e incrementado injustificadamente su patrimonio en 1.819 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares a cinco personas señaladas de utilizar el nombre y los productos financieros de nueve empresas de papel para poner en funcionamiento un modelo de venta de facturas desde Bogotá.
Estas personas contaban con los documentos de constitución e inscripción ante la cámara de comercio de las compañías, pero no las tenían en operación. En realidad, las habrían usado para crear facturas electrónicas en favor de otras empresas, que las utilizaban como soportes para las declaraciones de renta e IVA y favorecer su carga tributaria.
De esta manera presuntamente dieron apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero, a través de la utilización de distintos productos financieros, el pago de cheques y el envío de transferencias. Los recursos producto de ilícito eran invertidos en la compra de bienes, en efectivo.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrito a la Delegada contra las Finanzas Criminales, indican que, a través de las distintas maniobras ilícitas, se alcanzaron a lavar activos por 153.785 millones de pesos y hubo un incremento patrimonial injustificado de 1.819 millones de pesos.
Los procesados son: Sandra Bibiana Acero González, Johanna Andrea Silva Acero, Yeison Estiven Loaiza y Óscar Alberto Silva Hacer, quienes serían los representantes legales de las diferentes empresas y captadores de las compañías que compraban las facturas; y Elvis David Quintero Bertel, señalados de emitir los documentos contables.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/LQ/DECDF/LMT/DPFC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
