El material probatorio presentado por un fiscal de la Seccional Caldas fue determinante para la judicialización de cuatro presuntos integrantes de la organización Ocaso, presuntamente responsable del tráfico de estupefacientes en Manizales.

Se trata de Alexander Castaño López, alias Peludo; Eduar Andrés Salazar Castaño, alias Gárgamel; Jhonny Alexander Castaño Rivera, alias Jhonny; y Edwin Ceballos Ocampo, alias Martha.

se observan los capturados en fila y a cada costado un funcionario del CTI y otro de Policía Nacional. Atrás un pendón de Fiscalía general de la Nación
Los capturados fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La investigación liderada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) y apoyada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenció que, por lo menos desde noviembre de 2022 esta red delincuencial se dedicaba a comercializar estupefacientes en la comuna Atardeceres y los sectores de la Plaza de Mercado y zona céntrica de la capital caldense.

Los procesados fueron capturados en tres diligencias a de allanamiento y registro adelantadas por uniformados del CTI, Policía y Ejército Nacional.

Los procesados fueron imputados como posibles responsables de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cargos que fueron aceptados por todos los investigados.

Por decisión del juez de control de garantías tres de los investigados fueron privados de la libertad en centro carcelario y uno más afrontará el proceso penal en libertad.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

 

 

CLCG/MAGA/ACG/DSC

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.