En casos independientes, la Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a cuatro hombres presuntamente implicados en el maltrato físico, verbal y psicológico contra integrantes de sus hogares.
Los hechos ocurrieron en los municipios de Guadalajara de Buga y Guacarí (Valle del Cauca). Entre las víctimas está un padre de familia, una adolescente y dos compañeras sentimentales.
- Uno de los casos involucra a Walter Alonso Picón, de 45 años, a quien la Fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada. El hombre fue capturado por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial, el pasado 16 de febrero, en Buga (Valle del Cauca). El procesado habría golpeado a su pareja sentimental, de 38 años, el pasado 2 de febrero.
- En Guacarí, la Fiscalía judicializó a Julio César Anchico Zapata, como posible responsable del delito de violencia intrafamiliar contra su padre. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de febrero en una vivienda del barrio Aranjuez donde la víctima, de 64 años, habría sido intimidado con un arma cortopunzante por su hijo.
En otros dos casos ocurridos en Buga, fueron judicializados un padre de familia y Jerson Esneyder Gutiérrez Giraldo, señalados de incurrir en delitos de violencia intrafamiliar y violencia intrafamiliar agravada, respectivamente.
Contra los cuatro investigados, la Fiscalía corrió traslado del escrito de acusación. Tres de ellos deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, a excepción de Jerson Esneyder Gutiérrez Giraldo quien continúa vinculado al proceso, en libertad.
Ninguno de los hoy imputados aceptó los cargos en su contra.
MAP/DSVC/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
