Al parecer a la víctima le estaban exigiendo el pago de varias facturas de suministros que debía a sus presuntos plagiarios.

Atendiendo la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías judicializó a cuatro presuntos implicados en el secuestro de un contratista del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Cali (Valle del Cauca).

Se trata de Jhon Jairo Rojas Castro, David Ocampo Méndez, Angie Valentina Bonilla Canencio y Kevin Nabor Paredes Canencio, a quienes se les imputó el delito de secuestro extorsivo.

De acuerdo con el material probatorio recaudado, los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 25 de marzo cuando la víctima, de 41 años, fue retenida en contra de su voluntad, al parecer por proveedores de un granero, que le habrían exigido el pago de unas facturas por suministros que les debía. Por su liberación exigían 2.498 millones de pesos.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, rescataron a la víctima el pasado 8 de abril en un apartahotel del suroriente de la capital vallecaucana. En el operativo fueron capturadas las cuatro personas.

Por determinación de un juez de control de garantías deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario Rojas Castro, Ocampo Méndez y Bonilla Canencio. Paredes Canencio quedó vinculado al proceso y deberá comparecer en libertad ante las autoridades.

Ninguno de los hoy imputados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

La Fiscalía habla con resultados

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.