Como presuntos responsables del delito de concusión, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra los patrulleros de la Policía Nacional Juan Antonio Mejía Serrano y Luis Alberto Fernández Pelufo.
Los hechos investigados ocurrieron el 5 de mayo de 2021 cuando los uniformados, al parecer, le exigieron 10 millones de pesos a un comerciante, a cambio de no capturarlo por ser un presunto hackeador y clonador de tarjetas.
Según la investigación, poco antes de ser abordado por los uniformados, la víctima había retiros más de superior 30 millones de pesos en cajeros electrónicos del barrio Laureles de Medellín.
Labores de policía evidenciaron que uno de los uniformados se habría subido junto con la víctima a vehículo donde habría hecho la exigencia económica ilícita; mientras el otro policial seguía el automotor en una motocicleta oficial.
La defensa de los procesados apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín.
En otro procesado diferente
La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión de un juez de control de garantías de Medellín que dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra otros dos patrulleros de la policía, presuntamente, implicados en un eventual hecho de corrupción.
Se trata de los patrulleros Gleimer José Ballesteros y Andrés Camilo Arredondo Soñett, investigados por el delito de concusión ocurrido el 3 de marzo pasado, cuando los uniformados le habrían exigido a la víctima el pago de dos millones de pesos por devolverle una moto que ellos mismos le habrían inmovilizado de manera arbitraria tres días antes en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín.
Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública señaló a los procesados como los posibles responsables de haber realizado la exigencia económica ilegal.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/MAGA/LAB/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
