Al parecer, la mercancía incautada se iba a distribuir en Mosquera y municipios aledaños.

En la fotografía se observa a personal de la Policía Nacional adelantando la verificación de unas cajas dentro de la parte trasera de un camión.
En el registro al automotor se encontraron 132 cajas que contenían la mercancía que, presuntamente, iba a ser comercializada como original.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco hombres que habrían sido sorprendidos en el momento que transportaban 3.000 pares de zapatos deportivos con marcas falsificadas, en la calle 13, por la vía Los Alpes que conduce hacia Mosquera (Cundinamarca).

Se trata de Carlos Ariel Gómez Uribe, Miguel Ángel León González, Víctor Hugo Torres Torres, Jerson Mauricio León Salcedo y Miguel Alberto Gómez Uribe, quienes fueron imputados por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de mayo, cuando los procesados fueron requeridos por uniformados de la Policía Nacional, en un puesto de control. En el registro al automotor les encontraron 132 cajas que contenían la mercancía que, presuntamente, iba a ser comercializada como original en municipios aledaños.

La verificación de un perito especializado estableció que los productos correspondían a zapatos deportivos falsificados. Adicionalmente, en el procedimiento se incautó el camión, tipo furgón, y una motocicleta que lo escoltaba durante el recorrido.

La incautación de la mercancía, también fue legalizada ante un juez de control de garantías,  y quedó a disposición de la Fiscalía.

 

 

 

 

 

ALGO/AMCJ/ETIMR/FSC

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.