La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a cinco hombres, presuntamente imputados como presuntos responsables del delito de violencia intrafamiliar.
Dos de las víctimas son madres de los presuntos agresores, dos excompañeras y una fue pareja sentimental del supuesto agresor. Los hechos ocurrieron en Cali y Dagua (Valle del Cauca) y en tres de los casos los investigados habrían utilizado picos de botella y palos para intimidar a las mujeres.
La Policía Nacional capturó a tres de los procesados, en cumplimiento de órdenes judiciales, dos más fueron en flagrancia.
- Uno de los casos involucraría a Carlos Fernando Guerrero Montaño, de 28 años, quien maltrató física, verbal y psicológicamente a su progenitora. Al parecer, el hombre amenazó de muerte a la mujer con un pico de botella y palo. El investigado habría reaccionado violentamente porque su madre luego de que ella le pidiera que cerrara la reja que da ingreso a la vivienda. Esta persona fue capturada en flagrancia por personal de la Policía Nacional, el pasado 30 de enero.

- Por otro hecho fue judicializado Davis Santiago Yela, de 29 años. Al parecer, maltratado física, verbal y psicológicamente a su excompañera sentimental, el 20 de agosto de 2023 en el barrio Porvenir, de Dagua (Valle del Cauca), un acto similar se repitió el 19 de mayo de 2024 en zona rural de esa misma localidad, cuando le prendió fuego a la motocicleta de la víctima.

Por hechos similares fueron judicializados Jhoann David Rodríguez Estupiñán, Joel Navia Cabrera y Agradino Restucia Guazá. Ninguno aceptó los cargos de violencia intrafamiliar. Todos deberán ser recluidos en centros carcelarios.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.