Los elementos materiales probatorios indican que el mandatario habría amenazado al exgerente de Ecovivienda para que firmara un documento que lo eximía de las anomalías en la suscripción del contrato.
La Fiscalía General de la Nación imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la suscripción de un contrato de prestación de servicios.
Con esta actuación fue vinculada laboralmente la persona que presentó una demanda de nulidad a la elección del mandatario y persuadida para que desistiera de sus pretensiones.
Inicialmente, se firmó un contrato en febrero de 2024, por 19’800.000 pesos, que no se ejecutó. Luego, fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios, a través de la empresa pública Ecovivienda, por 54’285.000 pesos. Los elementos materiales probatorios indican que los trámites contractuales comenzaron después de haber sido instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción legal.
En la investigación se conoció que el mandatario presuntamente amenazó al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato que se materializó y expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad.
Por todo lo anterior, el alcalde de Tunja fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo; mientras que a Sara Catalina Pedraza Canaría y a Luz Mila Acevedo Galán, les fueron formulados cargos por interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de cómplice y coatura, respectivamente.
Por solicitud de la Fiscalía, el juez de control de garantías que dirigió las audiencias impuso a los procesados medidas no privativas de la libertad.
MARA/AMCJ/JARG/ODD
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
