Los procesados estarían involucrados en homicidios ocurridos por control territorial en Bogotá y Boyacá.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 14 presuntos responsables de la comercialización de estupefacientes en el barrio San Cayetano de la localidad de Suba, en Bogotá; y el barrio Moniquirá de Boyacá, donde ejercerían el control territorial mediante la utilización de armas de fuego.
Se trata de Karen Viviana Mejía Cruz, Cristian Bernardo Leiva Muñoz, Kevin Daniel Ortiz González, Esquid Gonzalo Ortiz Gómez, Fabián Andrés Roa Urquijo, Paola Andrea Roa Urquijo, Magola Andrea Gavilanes Calpa, Brayan Steven Cagua González, Leidy Juanita Daza Ramírez, Ingrid Nataly Cruz Sánchez, Nicolás Darío Parra López, Daniel Steven Varela Sarmiento, Nelson Fernando Peña Peña y Camilo Andrés Leiva Muñoz quienes cumplirían un rol específico dentro de la organización desde campaneros hasta distribuidores del estupefaciente.
Según la investigación, los procesados comercializarían sustancias ilícitas en vía pública, donde llegaban clientes de todas las edades. En Moniquirá habrían asesinado a un ciudadano que supuestamente se negó pagarle a la organización delincuencial dinero que le adeudaba.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) les imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones y; tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes todas las conductas agravadas. Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.
Un juez de control de garantías impuso medida carcelaria a 13 de los procesados, y domiciliaria a uno más. En este último caso por tratarse de una mujer en estado de embarazo.
FAGH/AMCJ/SB/FA/AM/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
