Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca judicializó a Fabián Mejía Guzmán como presunto responsable de extorsionar a un hombre a quien además habría querido asesinar, mientras se encontraba junto a sus hijos, menores de edad.
Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pedro (Valle del Cauca), el 22 de julio de 2024 cuando la víctima fue abordada, al parecer, por el ahora procesado quien en compañía de otra persona se presume lo forzó a dirigirse a sitio cercano para recibir una llamada en la que le exigirían el pago de 10 millones de pesos. Poco después, mediante mensajes de texto le reiteraron la obligación de pagar la exigencia ilegal.
Poco después la víctima fue nuevamente contactada mediante mensajes de texto, en los que le exigían realizar el pago so pena de asesinarlo.
Fue así como el pasado 30 de mayo en zona rural de Buga (Valle del Cauca) la víctima fue atacada a disparos, cuando se movilizaba en su vehículo con dos menores de 3 y 9 años. Producto del ataque uno de los niños resultó herido, al igual que el adulto.
Por estos hechos un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó a Mejía Guzmán los delitos de homicidio en grado de tentativa y extorsión, ambas agravadas; desplazamiento forzado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; así como fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
Mejía Guzmán fue notificado sobre esta nueva investigación en su contra, en el centro penitenciario donde permanece recluido por delitos. El presunto implicado deberá continuar privado de la libertad, por decisión judicial.
MAP/DSVC/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
