En menos de 25 días la Seccional Risaralda de la Fiscalía General de la Nación logró judicializar a un extranjero, presuntamente responsable de agredir sexualmente a su hijastra durante tres días seguidos.
Los hechos investigados se habrían presentado entre el 2 y el 4 de agosto pasado cuando el hombre de 25 años de edad habría sometido a vejámenes sexuales a la hija de su compañera sentimental, una menor de tan solo 10 años de edad, también foránea.
La agresión sexual por la que está siendo investigado el procesado ocurrió en la casa de habitación de esta familia, ubicada en el barrio Miraflores en Pereira (Risaralda) y, se presume, que se habría presentado en momentos en que la menor era dejada al cuidado del implicado quien estaba desempleado, y su esposa salía a trabajar.
Labores de policía judicial evidenciaron que el procesado además de la agresión sexual, consumada en agosto pasado, vendría maltratando verbal y físicamente a la niña desde noviembre de 2020.
La captura, por orden judicial, fue posible gracias a la articulación entre Policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, con el apoyo de Migración Colombia y se llevó a cabo el pasado 3 de septiembre.
Por estos hechos un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó al procesado como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso con violencia intrafamiliar.
El implicado, quien no aceptó los cargos, fue privado de la libertad en centro de reclusión, de acuerdo con la disposición de un juez de control de garantías.
La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
CLCG/MAGA/MAAE
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
