El señalado agresor escapó a Estados Unidos para evadir la acción de las autoridades. Fue ubicado en California y deportado a Colombia para atender el requerimiento judicial en su contra.
Luego de valorar los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Yordy José Arocha Argote, uno de los señalados responsables del hurto y posterior asesinato del servidor del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), David Antonio Sierra Palacio, ocurrido el 5 de julio de 2023 en la Troncal del Caribe, entre Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (La Guajira).
Este hombre, que haría parte de una estructura delictiva dedicada al hurto de vehículos en carreteras del norte del país, presuntamente lanzó artefactos metálicos sobre la vía para que se detuviera el carro en el que se movilizaba el investigador junto a otras personas. Una vez inmovilizado el automotor, los agresores se abalanzaron sobre los ocupantes para despojarlos de sus pertenencias. En medio de un forcejeo que se generó, el servidor recibió un disparo que le causó la muerte.
Arocha Argote escapó a Estados Unidos para evadir la acción de las autoridades. El trabajo conjunto del CTI, la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI) permitió ubicarlo y aprehenderlo en California, y coordinar su deportación a Colombia.
A su llegada al país, fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado agravado. Los cargos no fueron aceptados.
Hasta el momento han sido judicializadas cinco personas por este caso.
MARA/JARG/KCP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
