Las ganancias iliciticas obtenidas mediante la actividad delincuencial de Los Zorros, superarían los 2.000 millones de pesos anuales.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Leonel Aldacir Rada Gil, alias Sargento, quien sería el segundo al mando del grupo delincuencial ´Los Zorros II´ que delinque en Bogotá y Soacha (Cundinamarca).
Rada Gil fue capturado por la Policía Nacional el 4 de julio de este año en Villeta (Cundinamarca) y fue imputado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambas conductas agravadas; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no fueron aceptados.
Alias Sargento, al parecer, es el determinador de cinco homicidios ocurridos en Soacha (Cundinamarca) entre 2023 y 2024. También sería el encargado de traer, desde Medellín, los estupefacientes para comercializarlos en diferentes sectores de Soacha y Bogotá. Se estima que las ganancias iliciticas obtenidas mediante la actividad ilícita de Los Zorros, superan los 2.000 millones de pesos anuales.
Los integrantes de esta estructura delincuencial estarían dedicados a la venta, distribución y comercialización de bazuco, cocaína y marihuana, en la modalidad de puntos fijos y domicilio en los barrios Los Olivos, La María, La Demencia de la Comuna 3 León XIII, Comuna 4 Cazucá de Soacha; y en los barrios Patio Bonito, El Amparo y en Corabastos en Bogotá.
Otros 11 presuntos integrantes del mencionado grupo delincuencial han sido judicializados.
ALGO/LFML/ODBL/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
