Una de las menores habría sido agredida en, al menos, 50 ocasiones.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías de Neiva (Huila) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre, presuntamente implicado en el abuso sexual de tres menores cuyas edades oscilan entre 12 y 13 años, una de las víctimas sería su propia hija.
Los hechos investigados ocurrieron en la vereda La Legiosa del municipio de Colombia (Huila). Información en poder de la Fiscalía evidenció que el procesado, al parecer, incurrió en los abusos de las niñas, entre noviembre de 2023 y mayo de 2024.
El hombre habría afirmado durante los abusos que pertenecía a un grupo armado ilegal, y que debía incurrir en las agresiones sexuales para evitar que la organización criminal las reclutara o les hiciera daño a ella y a sus familias. Además, se determinó que mientras incurría en los abusos, el presunto agresor cubría su rostro con un pasamontañas para no ser identificado.
Una fiscal de la Seccional Huila, adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), le imputó cargos por acceso carnal violento agravado y uso de menores en la comisión de delitos, cargos que no aceptó.
Información en poder del ente acusador evidenció que el hombre habría aprovechado los momentos a solas con su hija para someterla a múltiples vejámenes sexuales. Se cree además que le pedía a que llevara a sus amigas a la casa para abusarlas.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía de Infancia y Adolescencia, capturaron al procesado en zona industrial de la capital huilense.
WAGG/LMFO/MAGA/ANP/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
