El uniformado aceptó entregarle información de operaciones y procedimientos judiciales a un integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda.
Como parte de las investigaciones que se siguen contra los componentes armados y financieros del ‘Clan del Golfo’ en la Costa Atlántica, la Fiscalía General de la Nación estableció que el jefe de operaciones de la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional (Sipol) en Bolívar, el intendente Harvey Arellano Cerda, sería el responsable de entregar información privilegiada al grupo armado ilegal.
Los elementos de prueba obtenidos dan cuenta de que el uniformado, al parecer, aprovechaba su cargo y entraba sin autorización a los sistemas de la entidad para extraer detalles de las operaciones y los movimientos de la fuerza pública en el departamento. Esto lo haría con el propósito de alertar a la subestructura Uldar Cardona Rueda sobre las acciones en su contra.
De esta manera, los cabecillas evadían los operativos y evitaban que fueran impactadas sus finanzas ilegales.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó al intendente Arellano Cerda el delito de violación de datos personales agravado. El funcionario aceptó de manera libre y voluntaria el cargo en su contra.
En ese sentido, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/JARG/AJM/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
