Como Steven Cordoba Salazar fue identificado un hombre judicializado por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctima de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Chocó señalado por una adolescente de 15 años de abusar sexualmente de ella con engaños y además hurtarle sus pertenecías.

El hoy procesado tiene tres investigaciones más por hechos similares en junio de 2022. Un juez avaló la solicitud del fiscal y fue cobijado con medida de aseguramiento intramuros, aunque no aceptó los cargos por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

De acuerdo con las investigaciones el modo de operar del indiciado, presuntamente, era contactar a las víctimas a través de redes sociales, haciéndose pasar como un hombre adinerado heredero de una mina, y les proponía tener un encuentro en zonas alejadas del casco urbano de Quibdó, argumentando que por razones de seguridad no podía apartarse de la zona.

El agresor al parecer, engañaba a las víctimas con promesas de dinero o joyas.  Las mujeres al llegar al lugar, presuntamente, el hombre sacaba armas de fuego o armas blancas para atemorizarlas amenazándolas de muerte, y así someterlas a vejamos y además robarles lo que llevaban.

Durante las diligencias de registro y allanamiento a su residencia,  encontraron un impermeable amarillo, un cuchillo con las características entregadas por la víctima, una moto descrita por la menor y un celular.

La Fiscalía Seccional Chocó continúa recolectando acervo probatorio que permita las imputaciones por las demás víctimas, y hace un llamado a la comunidad para que si hay otras mujeres víctimas se acerquen a denunciar.

La Fiscalía habla con resultados.

JLH/LMCH/FAGH

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.