La víctima fue interceptada y atacada en estado de indefensión cuando descendía de su vehículo frente a su vivienda.
Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron la identificación de José Ignacio Londoño Corredor, alias Nacho, como uno de los presuntos responsables del crimen del fiscal Norbey Ruíz Correa, en hechos registrados el pasado 19 de febrero en el sur de Barranquilla (Atlántico), en medio de un atraco.
Londoño Corredor se movilizaba como parrillero en un motocicleta y habría abordado e intimidado a la víctima con arma de fuego cuando descendía de su vehículo en el sector de Las Tunas con la intención de despojarlo de sus pertenencias.
En medio de un forcejeo que se generó el presunto atacantele arrebató el celular a la víctima y le propinó varios disparos. Posteriormente huyó del lugar con un acompañante. El hombre es señalado de cambiar su apariencia física luego de cometer el crimen para evadir la acción de las autoridades.
Por todo lo anterior, un fiscal especializado de la Seccional Atlántico le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado, las tres conductas agravadas.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Unidades del Gaula de la Policía Nacional capturaron a Londoño Corredor el pasado 19 de diciembre, en el barrio La Chinita, en el suroccidente de Barranquilla.
SKCR/LMBG/AMCJ/DGA/FSA.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
