El hoy procesado habría viajado de Bogotá a la capital antioqueña para definir detalles para la ejecución del homicidio. Por estos hechos, recientemente fue imputado Elder José Arteaga Hernández, quien está vinculado formalmente a la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Las actividades de policía judicial coordinadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron obtener elementos materiales probatorios que dan cuenta de la participación de David Acosta Díaz en la planeación del crimen de un comerciante mexicano de productos tecnológicos de 54 años, ocurrido el 30 de junio de 2024, en Medellín (Antioquia).

Esta persona permanece privada de la libertad en la cárcel de Acacías (Meta) por otro proceso. En ese sentido, fue notificada de este nuevo caso en su contra e imputada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El investigado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Las evidencias indican que Acosta Díaz y Elder José Arteaga Hernández, quien recientemente fue imputado por estos hechos y está vinculado formalmente a la investigación por el atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, habrían viajado de Bogotá a Medellín para ultimar detalles sobre la ejecución de la acción sicarial. Al día siguiente la víctima fue atacada con arma de fuego en un establecimiento de comercio del barrio El Poblado.

Por este asesinato fueron condenados mediante preacuerdo Antonio Rafael Herrera Escobar, a 25 años de prisión; y Jhon Fabio Prada Rico y el ciudadano venezolano Anthony Johan Tobar Ponceleón, a 18 años de prisión. Estos tres hombres fueron capturados en situación de flagrancia luego perpetrar el crimen del ciudadano mexicano.

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.