Es señalado de transportar en motocicleta a la persona que le robó el celular al funcionario judicial y posteriormente le propinó varios disparos.
La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible participación de Yesid de Jesús Flórez Benavides, alias El Beso, en el crimen del fiscal de la Seccional Atlántico, Norvey Ruíz Correa, ocurrido durante un asalto armado el pasado 19 de febrero, en Barranquilla (Atlántico).
Esta persona habría trasladado en motocicleta al hombre que interceptó al funcionario judicial en su vehículo, justo cuando pretendía bajar para ingresar a su lugar de residencia en el barrio Las Dunas; y lo intimidó con arma de fuego para obligarlo a entregar sus pertenencias.
En medio de un forcejeo, el atacante le arrebató el celular a la víctima y le propino varios disparos. Posteriormente, subió a la motocicleta que presuntamente conducía Flórez Benavides, y juntos escaparon del lugar de los hechos.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Atlántico imputó a alias El Beso los delitos de homicidio, hurto calificado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Yesid de Jesús Flórez Benavides fue detenido por servidores del cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el sector de El Rodadero, en Santa Marta (Magdalena), luego de que se presentara voluntariamente para atender la orden de captura que en su contra había obtenido la Fiscalía.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
