En un segundo hecho fue judicializada una persona que habría atacado a un canino para cometer actos sexuales.

 

La contundencia del material probatorio presentado por fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) permitió la judicialización de dos hombres que habrían causado graves afectaciones a animales en Valle del Cauca y Cundinamarca.

Caninas golpeadas en Tuluá

El pasado 14 de marzo, en diligencia de registro y allanamiento realizada en una vivienda en Tuluá (Valle del Cauca), las autoridades rescataron a cuatro caninas de propiedad de Luis Eduardo Vera García que, al parecer, permanecían en precarias condiciones físicas y de salud.

Las caninas fueron rescatadas porque al parecer su dueño las mantenía en precarias condiciones de cuidado en una vivienda en Tuluá.

De acuerdo con la investigación, los animales que habrían permanecido encerrados, se encontraban en alto estado de desnutrición y, de acuerdo con denuncias ciudadanas, eran golpeados frecuentemente por el dueño.

El hombre fue requerido en varias oportunidades por la Policía Nacional, pero no habría permitido que los uniformados las vieran. Por estos hechos, Vera García fue imputado por el delito de maltrato animal.

Agresión en Soacha

La Fiscalía General de la Nación imputó a Hugo Fernando Jiménez del Río el delito de maltrato animal agravado, por su presunta responsabilidad en la agresión de un perro de su propiedad para cometer actos sexuales. Los hechos investigados ocurrieron el 21 de noviembre de 2021, en un local comercial de Soacha (Cundinamarca). El hombre aceptó el cargo en su contra.

AMCJ/JARG/AG/GELMA/MCRC/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.H/