La Fiscalía General de la Nación judicializó a Carlos Eduardo Salazar García por su presunta responsabilidad en el delito de violencia contra servidor público por los hechos ocurridos el pasado 22 de abril cuando, al parecer, arrolló a una agente de tránsito que le solicitó la documentación del vehículo que manejaba.

Se observa al capturado de frente y a cada costado un funcionario de policía nacional que lo custodia. Atrás, un pendón de Policía Nacional. Adelante una mesa con el aviso violencia contra servidor público.
Carlos Eduardo salazar García fue privado de la libertad en centro carcelario

La investigación adelantada por una fiscal de la Seccional, puso en evidencia  que Salazar García transitaba por el barrio San Fernando, intersección con Cuba, en Pereira (Risaralda), en ese momento la agente de tránsito le hizo una señal de pare para solicitarle el SOAT; sin embargo, no lo tenía.

Mientras la uniformada adelantaba sus labores, el ahora investigado habría puesto en marcha en vehículo atropellando a la funcionaria quien quedó sobre el capó del carro, agarrada de las plumillas durante varios metros, hasta que logró lanzarse al asfalto.

La acción del presunto responsable le causó varias contusiones en diferentes partes de su cuerpo.

El hoy procesado fue capturado en vía pública del barrio Las Mercedes por uniformados de la Policía Nacional mientras, al parecer, huía del sitio en el que ocurrieron los hechos.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.

 

 

 

 

 

CLCG/AMCJ/CABS/DSR

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.