La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas que estarían involucradas en unos hechos de corrupción ocurridos al interior del Concejo Municipal de Magangué (Bolívar).
Se trata de José Manuel Martínez Bonilla, exsecretario general de esa corporación, Miguel Ángel Sampayo Ortiz, excontratista de la Alcaldía de Magangué y los particulares Estefanía Bustamante López y Simón Enrique Nieto Toscano. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de peculado por apropiación atenuado, falsedad ideológica en documento público, usurpación de funciones públicas y obtención de documento público falso.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en febrero de 2024, cuando los ahora procesados, al parecer, de manera fraudulenta se apropiaron de más de 81 millones de pesos del concejo. Presuntamente, Martínez Bonilla y Sampayo Ortiz, certificaron, con documentos falsos, la realización de unas sesiones extraordinarias en el cabildo, para generar obligaciones de pago de las mismas.
Se evidenció que dichas sesiones nunca se ejecutaron y que habrían transferido 81 millones de pesos por ese concepto a los particulares Bustamante López y Nieto Toscano, quienes, además, no tenían vinculación laboral ni contractual con la corporación.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, capturaron a estas personas en los barrios San Mateo, Boston y Olaya de Magangué.
Un juez de control de garantía dispuso para Sampayo Ortiz medida de aseguramiento en lugar de domicilio. Entre tanto, los otros tres procesados continuarán vinculados al proceso.
MEVA/LMFO/AMCJ/IR/EGM/DSB
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
