El procesado se habría apropiado de más de 135 millones de pesos de los pensionados de la institución de educación superior.
La Fiscalía General de la Nación imputó ante un juez de control de garantías, a Alexander Builes Arroyave, como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación y acceso abusivo a un sistema informático.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Medellín, entre agosto de 2021 y agosto de 2022, Builes Arroyave, quien trabajaba en la división de talento humano de la Universidad de Antioquia, al parecer, se apropió indebidamente de 135.477.111 millones de pesos, dinero que estaba destinado para el pago de algunos pensionados de la institución educativa
Se evidenció que este hombre, aprovechándose de su cargo, al parecer, creó una cuenta bancaria a nombre de su padre, quien nunca tuvo un vínculo laboral con la universidad, en la cual consignó altas sumas de dinero de las mesadas pensionales.
Durante el proceso se estableció que el padre del investigado era ajeno a las presuntas conductas delictivas de su hijo.
Este hombre estaría vinculado en, al menos, 24 eventos delictivos. El material de prueba da cuenta que, al parecer, el dinero era sustraído del pago de otros pensionados o reemplazando en nombre de algunas personas fallecidas por el de su padre. Para lograr su cometido el ex servidor público habría manipulado el Sistema de Gestión de Personal (SIPE) de la universidad.
El procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
