Por estos hechos la Fiscalía ha imputado a cuatro exfuncionarios de la administración distrital para el periodo 2020 – 2023.

Por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la celebración de un contrato interadministrativo por más de 16 mil millones de pesos para la adecuación del espacio público y reparcheo de vías, celebrado entre el 28 y 29 de junio de 2023, fue judicializado Mauricio Alonso Zuleta Estrada, exsubsecretario técnico de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. El cargo no fue aceptado por el procesado.

Según la investigación el contrato tenía como objeto delegar por mandato a Metroplús obras de demolición de estructuras existentes, excavaciones y movimientos de tierra;  construcción de obras de urbanismo; bahías, pavimentos rígido y flexibles; y de adecuación de andenes; así como el parcheo de huecos, entre otros.

Estas obras serían ejecutadas en la comuna 10 de Medellín y en los barrios Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía,  por tratarse de un contrato de obra su ejecución no le correspondía a la Secretaría de Movilidad (encargada de semaforización y señalización de vías),  sino a la Secretaría de Infraestructura Física con el apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros.

Se estableció además que el  contrato, al parecer, se tramitó  bajo la modalidad de selección directa, cuando debió ejecutarse por medio de una licitación pública, como corresponde a la millonaria cuantía.

Asimismo, se evidenció que, al parecer, no se contó con un análisis riguroso del sector y en los estudios previos no se justificó el presupuesto oficial o valor de contrato; el cual se habría realizado en un solo día.

Otra de las irregularidades detectadas, fue que el contrato en mención se habría suscrito en vigencia de la ley de garantías, que impide la celebración de contratos y/o convenios administrativos para la ejecución de recursos públicos, cuatro meses antes de los procesos electorales.

Por los mismos hechos ya fueron imputados Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad; Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria legal de la misma dependencia; Rubén Darío López Giraldo, exdirector Técnico de la Secretaría de Infraestructura de Medellín y  Santiago Ortega Mateos, contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.