Entre los contratos se encuentra la adquisición de termómetros que resultaron ser obsoletos y no aptos para medir temperatura humana.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exalcalde de Cunday (Tolima) para el período 2020 – 2023, Luis Gabriel Pérez Rivera, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en tres contratos suscritos para la atención de la pandemia del Covid-19.
Por estos hechos, también fueron judicializados el particular Henry Vásquez Sánchez, y los contratistas Henry Smith Guzmán Triana y Germán Torres Pedreros, quienes habrían participado en las posibles anomalías en los contratos que tenían por objeto la adquisición de alimentos e insumos médicos.
Por estos hechos, fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en provecho propio y a favor de terceros; y falsedad en documento privado. Los procesados no aceptaron los cargos.
El primer contrato fue celebrado el 19 de marzo de 2020, por un valor de 60.000.000 de pesos y tenía como objeto el transporte de varias cargas de fríjol, que serían entregadas a las familias de la zona urbana y rural del municipio.
La investigación da cuenta de que la empresa contratista a la que le fue adjudicado, representada por Guzmán Triana, al parecer, no era la idónea para este fin, pues dentro de su naturaleza no estaba el transporte de alimentos. A pesar de esto, el exmandatario a través de Henry Vásquez Sánchez, habría asignado esta contratación con documentos falsos para justificar los gastos.
El segundo contrato fue celebrado el 26 de marzo del mismo año, con Germán Torres Pedreros, representante legal de una fundación. La finalidad era la adquisición de 125 kilos de fríjol por un valor de 75.000.000 de pesos; sin embargo, su ejecución presuntamente la hizo directamente la Alcaldía, y no el contratista.
El tercer contrato fue firmado por el exalcalde de Cunday (Tolima), el mismo 26 de marzo, por valor de 8.627.500 de pesos entre el municipio y una empresa de comunicaciones para la adquisición de 15 termómetros digitales infrarrojos.
Peritos e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima evidenciaron que los elementos no eran aptos para medir temperatura humana, pues eran de tipo industrial, además que habrían sido usados previamente.
También quedó en evidencia que no se presentó un estudio de necesidad de la compra, y que el acuerdo no contenía las especificaciones técnicas y características requeridas, y sumado a ello, la empresa comercializaba internet de banda ancha.
PAAM/AMCJ/ACRB/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
