Jonathan Alexander Tulcán Quispe también habría recibido dádivas por garantizar traslados de celda.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Jonathan Alexander Tulcán Quispe, un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) señalado de recibir dinero por ingresar celulares, estupefacientes y bebidas embriagantes a un señalado cabecilla de las disidencias de las Farc privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
El material de prueba indica que una tercera persona le entregaba los elementos al funcionario, quien presuntamente se encargaba de entrarlos al centro carcelario y llevárselos a Luis Carlos Cifuentes Puerta, alias Diomedes, condenado a 40 años de prisión por delitos como secuestro extorsivo y extorsión.
Asimismo, el dragoneante Tulcán Quispe es señalado de facilitar el traslado del interno a diferentes celdas y de interceder para que asumiera el control de la venta de sustancias psicoactivas y licor en los patios a los que llegaba.
En el curso de la investigación se acreditó que, por estas actuaciones ilegales, el integrante del INPEC habría recibido pagos en efectivo y trasferencias, a través de plataformas virtuales. Por estos hechos, fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer. El procesado no aceptó el cargo y, por disposición del juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JMSV/JARG/ OJLR/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
