También fueron procesados la mamá de la niña, de 12 años; y dos personas más que se habrían ofrecido para acelerar los trámites.
Luego de varios meses de investigación, la Fiscalía General de la Nación judicializó al comisario de familia del municipio de Trinidad (Casanare), Roberth Enrique Mendoza Merchán, y tres personas más, como presuntos responsables del delito de cohecho impropio y cohecho por dar u ofrecer. Cargo que fue aceptado por los procesados.
Según la investigación, el pasado 20 de mayo un fiscal de la Seccional Casanare abrió una investigación contra Zuly Libeth Preciado Villarreal y Deomedes Correa Bedoya, quienes habrían servido de intermediarios entre el servidor público y la mamá de una menor, interesada en viajar con su hija de 12 años hacia Europa. Para esto requería la expedición un documento oficial que acreditara que ella ostentaba la patria potestad.
Al parecer, Preciado Villarreal valiéndose de sus conocimientos en derecho le pidió a la mujer 7’500.000 pesos para adelantar los trámites. Ella habría sido la encargada de contactar a Correa Bedoya para que éste aprovechara su aparente cercanía con el comisario de familia y, a cambio de una coima de 1.000.000 pesos emitiera el referido documento en tiempo récord. El dinero restante sería dividido entre los dos intermediarios.
El trabajo coordinado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar permitió la captura de los procesados durante procedimientos simultáneos cumplidos el pasado 3 de octubre en Trinidad y Yopal (Casanare), y en Bogotá.
El juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Preciado Villareal y Correa Bedoya. Mendoza Merchán, deberá cumplir la restricción en su domicilio, mientras la madre de la menor deberá afrontar el proceso penal en libertad.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
